Desfalco de ‘cartel del VIH’ superaría el de la hemofilia

 

Procuraduría investiga pagos de gobernación de Córdoba por pacientes inexistentes.

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación

El procurador general, Fernando Carrillo.

Foto: Cortesía Procuraduría

Por: Justicia 23 de enero 2018 , 09:36 p.m.


Mensualmente se habrían desviado al menos 500 millones de pesos de la salud del departamento de Córdoba por cuenta de cobros irregulares por la supuesta atención de al menos 800 pacientes con virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

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Esa es la cuenta que hace la Procuraduría General sobre un nuevo frente de investigación en el que aparecen algunos de los implicados en otros escándalos de corrupción en el departamento en el que ya se había destapado el ‘cartel de la hemofilia’, con un desfalco superior a los 50.000 millones de pesos, del síndrome de Down, por más de 1.300 millones, y el manejo irregular de las regalías, con pérdidas superiores a los 25.000 millones.

“El ‘cartel de la hemofilia’ es un juego de niños al lado de lo que hemos descubierto en Córdoba en relación con lo del cartel de los pacientes del sida”, dijo el el procurador Fernando Carrillo durante la rendición de cuentas del Ministerio Público en Villavicencio.

Aunque el desangre de las finanzas del departamento con enfermos fantasma de VIH se habría registrado durante la administración del suspendido exgobernador Edwin Besaile, el grupo élite de la Procuraduría inició el rastreo de los pagos hechos durante la administración de su antecesor, el cuestionado exgobernador Alejandro Lyons.

El actual mandatario departamental está siendo investigado disciplinaria y penalmente por el ‘cartel de la hemofilia’, y el próximo 6 de febrero le serán imputados cargos por peculado y concierto para delinquir.

Hace una semana los investigadores del Ministerio Público realizaron una inspección judicial a la sede de la gobernación y encontraron documentos y evidencias que al parecer vinculan a la actual administración en un negocio ilegal con la caja de compensación familiar Comfacor.

El modus operandi sería el mismo del ‘cartel de la hemofilia’ y consiste en cobrar por tratamientos a pacientes que solo existían en el papel.

Los pagos, dijo Carrillo, se hacían casi todos sobre tratamientos no incluidos en el Plan obligatorio de Salud (POS) y logrados, muchos de ellos, a través de tutelas que terminaban siendo reconocidos por la Gobernación a la caja de compensación.
Los investigadores consideran que el dinero que se habría desviado con irregularidades es mucho más grave que el escándalo de la hemofilia si se tiene en cuenta que los tratamientos para el VIH son mucho más costosos. Los medicamentos antirretrovirales para ese tipo de enfermedades tienen un costo mensual cercano a los 600.000 pesos.

Esta no es la primera vez que la caja de compensación Comfacor aparece en el radar de las autoridades. De hecho, fue intervenida en marzo del año pasado por la Superintendencia del Subsidio Familiar, por haber tenido pérdidas patrimoniales superiores a 260.000 millones de pesos acumulados desde el 2015.

Y ya había aparecido en una auditoría de finales del 2016 de la Contraloría General, en donde se imputó responsabilidad fiscal por 42.500 millones de pesos a 39 empresas prestadoras de salud (EPS) por sobrecostos en medicamentos.

En el marco de la investigación, la Procuraduría le pidió al Ministerio de Salud un reporte estadístico de los pacientes con VIH de Córdoba y la lista de IPS registradas para prestar atención a esos usuarios en los últimos cinco años. Además, los informes de la Superintendencia de Salud sobre medidas especiales de vigilancia que se hayan tomado en los últimos años con respecto a Comfacor.

En el auto de apertura de indagación preliminar, el órgano de control señala que la Dirección de Investigaciones Especiales tendrá cuatro meses para recaudar todas las pruebas del proceso, incluida la recepción de declaraciones de los presuntos implicados. Esa labor comenzará este miércoles con el desplazamiento de una comisión de procuradores al departamento.

Aunque no presenta nombres, la indagación preliminar también comprometería disciplinariamente a funcionarios de la Secretaría de Salud y particulares.

REDACCIÓN JUSTICIA
@justiciaET
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